jueves, 16 de septiembre de 2010

Las sentencias extranjeras y su ejecución en la República Dominicana

La colaboración entre los Estados para reconocer y ejecutar sentencias dictadas por tribunales extranjeros, constituye un medio para combatir la impunidad y evitar la distracción arbitraria de bienes de personas legalmente responsables. En ese tenor, presentaré los mecanismos procesales que la República Dominicana posee para hacer ejecutoria una decisión judicial emitida fuera de su jurisdicción nacional.

En tal sentido, el artículo 122 de la ley 834 establece que las sentencias rendidas por los tribunales extranjeros son ejecutorias en el territorio de la República de la manera y en los casos previstos por la ley.

Ahora bien, las disposiciones legales adoptadas por la República Dominicana respecto al tema en cuestión, la encontramos en el Código de Derecho Internacional Privado, también conocido como Código Bustamante, “salvo la existencia de un tratado o convenio suscrito entre el país de donde proviene la sentencia y el país donde se desea ejecutar la misma, en cuyo caso, de haber sido previsto, el procedimiento se regirá por el tratado o convenio de que se trate”, tal como lo dispuso la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia de fecha 7 de diciembre de 2005.

Por su lado, el Código Bustamante es un Tratado Internacional suscrito en el año 1928 y ratificado por el Congreso nacional de la República Dominicana mediante resolución No. 1055 del mismo año. Este Código exige que para ejecutar en uno de los Estados contratantes una sentencia civil o contenciosa-administrativa dictada en el extranjero, se deben reunir las siguientes condiciones: (i) que la sentencia fuese emitida por el tribunal competente para conocer el asunto y juzgarlo; (ii) que al demandado se le haya permitido ejercer su derecho de defensa; (iii) que el fallo no contravenga el orden público ni el derecho público del país en el que pretende ejecutarse; (iv) que sea ejecutoria en el Estado en que se dicte; (v) que se traduzca por un funcionario o interprete oficial del Estado en que ha de ejecutarse, si el idioma empleado fuere distinto; y (vi) que el documento en que conste reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el Estado en que se aspira cumplir la sentencia.

Para la confirmación de los requisitos antes señalados, debe agotarse un procedimiento en el que un tribunal, conforme a las formalidades de la legislación interna dominicana, dicte una sentencia dotando a la extranjera de un exequátur para hacerla ejecutoria; tomando en cuenta que “el exequátur deberá ser acordado o rechazado sin modificación de la decisión extranjera, ya que no se trata en realidad de sustituir esa decisión por una sentencia dominicana, dicho postulado tiende a substraer, en principio, a los tribunales nacionales del conocimiento del fondo, debiendo limitarse éstos a comprobar la regularidad y la autoridad irrevocable de la sentencia, conforme a las reglas del país de origen de la misma, valiéndose de nuestras autoridades consulares, así como su legítima ejecutoriedad en la República Dominicana y su conformidad con nuestros principios constitucionales”, como lo dispone la sentencia supra indicada.

Por otro lado, para establecer cuáles sentencias necesitan exequátur para ser ejecutadas, la Suprema Corte de Justicia dominicana ha manifestado que “solo los fallos condenatorios, que imponen el cumplimiento de una prestación positiva de dar o hacer, o negativa de no hacer, son susceptibles de requerir exequátur, por lo que las sentencias constitutivas de estado, como es la que se pronuncia sobre el divorcio de una persona, no necesita la referida autorización o exequátur por no requerir su ejecución una realización material, que reclama generalmente, el auxilio de la fuerza pública”. (Cas. Civ. 9 oct. 2002, B.J. 1103, págs. 182-188).

En cuanto a las sentencias dictadas en materia penal, el Código Bustamante establece que ningún Estado contratante ejecutará las sanciones que impongan en ese orden. No obstante, podrán ejecutarse en lo que toca a la responsabilidad civil y a sus efectos sobre los bienes del condenado, siempre que se cumplan con las condiciones señaladas anteriormente.

En definitiva, considero que el procedimiento para hacer ejecutorias las sentencias dictadas fuera del territorio de la República Dominicana, necesita de una reglamentación interna acorde con la realidad globalizada del mundo actual, que provea a las relaciones entre particulares y a los negocios internacionales, mayor seguridad y rapidez en la recuperación de los créditos reconocidos por sentencias irrevocables. En ese orden, creo recomendable la elaboración de un procedimiento que permita a las autoridades judiciales, por la vía administrativa, dotar a las sentencias extranjeras de un exequátur en tiempo oportuno y con las garantías propias de los convenios y tratados internacionales suscritos por el país.